Criterios políticos, que no jurídicos

POR EDURNE URIARTE
Si un ciudadano aparentemente inocente a pesar de no relacionarse más que con criminales firma un día un acuerdo con un atracador para robar un banco y aparecen después del robo cinco millones de euros en su cuenta cuando antes había 5oo, yo diría que el fiscal cuenta con argumentos demoledores para mandarlo a la cárcel. Hasta un estudiante de Derecho podría hacer su trabajo. O que los criterios jurídicos para actuar contra el atracador son obscenos de puro obvios.
En la historia del atraco terrorista que nos ocupa en España, sin embargo, ni el fiscal general, ni la Abogacía del Estado, ni el juez Garzón, ni, sobre todo, el Gobierno, son capaces de encontrar criterios jurídicos para proceder contundentemente contra ese millonario repentino que es ANV. Los criterios jurídicos y no políticos que según la vicepresidenta iban a usar para impedir a ETA presentarse a las elecciones. El Gobierno no los ha encontrado por la sencilla razón de que está haciendo lo contrario de lo que dice, utilizando criterios políticos y no jurídicos, los del mantenimiento de la negociación con ETA y la evitación de los atentados anunciados por la banda en caso de no colarse en las instituciones.
Al margen de los cinco millones de euros en la cuenta del atracador, el milagro de los panes y de los peces que dijera Acebes, o al margen de los billetes marcados de las listas, hay varias pruebas que están en el auto mismo de Garzón de la semana pasada. Sobre todo, el protocolo de colaboración firmado por Batasuna y ANV en 2003 para utilizar ANV en respuesta a la ilegalización de Batasuna. Además, las anotaciones del dirigente etarra Mikel Albizu de sentido muy claro en relación con ANV a no ser que uno se haya vuelto repentinamente miope como el juez Garzón. Y, en tercer lugar, el documento de Batasuna sobre los planes A, B y C.
Hay pruebas más que suficientes para impedir la consumación del atraco terrorista, impugnar todas las listas de ANV e instar a su ilegalización. Y si no se hace, es porque priman los criterios políticos sobre los jurídicos.