La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) intentó ayer sin éxito apartar al juez Baltasar Garzón de la instrucción de dos de los sumarios que tramita contra ETA. Sin embargo, su maniobra se vio frustrada cuando el magistrado explicó que no podía tramitar la recusación porque no figuran como parte en los sumarios.
La AVT había pedido personarse en los procesos que investigan una red de cobro de chantaje revolucionario y a la asociación Askatasuna. Al actuar como acción popular, la ley exige la presentación de una fianza para poder pleitear. El magistrado fijó en 4.000 euros dicha fianza, que fue considerada excesiva por la AVT, que se negó a abonarla y recurrió a la sala de lo penal para rebajarla. La Asociación Dignidad y Justicia también pidió estar en estos procesos y abonó los 4.000 euros, aunque después recurrió la cuantía.

LOS ARGUMENTOS
Garzón explicó ayer que la ley solo permite "recusar en los asuntos penales" al acusador popular. Pero la AVT "no tiene en este momento procesal esta condición", ya que no ha hecho frente a la fianza. Por eso, el juez exige a la organización que presente otra recusación cuando subsane este problema.
Carlos Ábalos se presentó en lugar del presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, con "problemas de agenda". Ábalos no tuvo reparos en cargar después contra el juez y el Gobierno.